Universidad Nacional Guillermo Brown
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En el marco del programa Involucrados que apunta al desarrollo de círculos restaurativos, el juez de la Suprema Corte bonaerense Sergio Torres dialogó mano a mano con jóvenes infractores de la ley penal y referentes comunitarios.
El aula magna del campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) fue el ámbito donde el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Gabriel Torres conversó con jóvenes en conflicto con la ley penal en el marco del programa Involucrados, una experiencia de justicia restaurativa.
Del encuentro también participaron el intendente municipal de Almirante Brown, Mariano Cascallares, el vicerrector de la UNaB, Facundo Nejamkis, la presidente del Tribunal Único de Responsabilidad Penal Juvenil, Marta Pascual; la secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana comunal, Paula Eichel, y el secretario de Extensión, Ignacio Jawtuschenko.
Este evento reunió a jóvenes infractores de la ley penal y a los guías que los acompañan a lo largo del programa. Estos guías son vecinos y vecinas de Almirante Brown que se suman luego de recibir una capacitación desarrollada por equipos de la UNaB, el Poder Judicial y el municipio.
Qué es Involucrados
Involucrados es una experiencia innovadora que se enmarca en el concepto de justicia restaurativa a partir de la cual jóvenes en conflicto con la ley penal tienen una oportunidad de finalizar sus estudios o ingresar en el mundo laboral.
La iniciativa se centra en adolescentes y jóvenes que cursan su año tutelar, con suspensión de juicio a prueba o cumpliendo sentencia con medida alternativa.
Para llevarlo adelante, cada adolescente tiene un guía o acompañante que ofrece apoyo y contención y que es capacitado por la UNaB en habilidades tales como escucha activa y resolución de conflictos, entre otras.
Además, el programa propone espacios de encuentro, instancias de monitoreo y evaluaciones de los niveles de reincidencia y cumplimiento de sus objetivos.
Para cumplir con las metas, se realiza un abordaje integral acorde a las necesidades de cada caso a través de las diferentes áreas de la comuna para aplicar políticas públicas vinculadas a la salud, alimentación, terminalidad escolar y búsquedas laborales, entre otras.
El programa tiene una duración de un año e incluye actividades y encuentros con víctimas de delitos que estén predispuestas a participar para ayudar en la toma de responsabilidad de la persona frente al hecho que cometió y sus consecuencias.